Subsidio para colegios privados y subvencionados
Hay un proyecto de ley, en la Cámara Alta, que establece el subsidio para los colegios privados y subvencionados por el Ministerio de Educación y Culto, y otro, que reglamenta la reducción arancelaria, ambos promovidos por varios senadores.
Hay una sugerencia para que estas dos propuestas se puedan tratar lo antes posible, por la advertencia de varias instituciones educativas, que ya no abrirán sus puertas, luego de las vacaciones de invierno, ante la crisis por la pandemia.
El proyecto establece que el IPS (Instituto de Previsión Social), en coordinación con el Ejecutivo, otorgue a los profesores y funcionarios, que sean aportantes y dependientes de los colegios privados y subvencionados por el MEC, un subsidio salarial del 50% del salario mínimo legal vigente por un plazo de 180 días, hasta que cese el estado de emergencia, declarado por la pandemia.
La previsional tendrá que hacer previamente un catastro de las instituciones privadas, y estos a su vez, en coordinación con el Ministerio de Educación, deberán reducir el costo de mensualidades, cuotas y aranceles en un 25%, para todos los niveles.
También se les dará facultad de reducción, en forma proporcional al subsidio percibido, al pago de los haberes salariales de sus docentes y funcionarios.
El liberal Fernando Silva Facetti habló de una situación gravísima que afecta a casi 500 colegios subvencionados. “No van a abrir ya ante el problema económico”, indicó.
A su criterio, a través del subsidio, se dará garantía y resguardo a los trabajadores de la educación privada, y a los niños y jóvenes que acuden a dichas instituciones.
En su exposición de motivos, el senador manifiesta que toda la sociedad tuvo un fuerte impacto por la pandemia, debido a las medidas de aislamiento social.
Sostiene que uno de los efectos más graves fue la desarticulación de diversos sistemas estructurales, que otorgan funcionalidad, sentido e identidad a la sociedad, citando como el principal el sistema educativo.
Señala que el Estado tiene la responsabilidad intransferible de garantizar a la población el acceso al servicio, y le corresponde el financiamiento. Admite que la situación actual afecta a las instituciones públicas y privadas.
Refiere que en el caso de los colegios, que dependen del Estado, cuentan con el amparo de las previsiones dentro del Presupuesto General de la Nación, y por ende tienen una cobertura de gastos para su funcionamiento.
Alega que en el caso del ámbito privado, las instituciones se encuentran completamente desamparadas, y no pueden dar respuesta inmediata a los requerimientos que conlleva el cumplimiento de sus compromisos más básicos, como el pago a los docentes y otros trabajadores.
“El cese de pagos a los trabajadores del sector educativo privado constituye un grave problema, del cual no puede desentenderse el Estado”, señala, y que está en juego los derechos humanos de los docentes, de los niños y jóvenes.